La LOMLOE o ‘Ley Celaá’ tiene como objetivo la derogación de la LOMCE vigente y aprobada bajo el Gobierno del PP y la actualización de la socialista LOE a través de cinco pilares:
- El interés superior del menor,
- La igualdad de género y la prevención de la violencia machista, l
- La mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje,
- La importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030
- La necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.
La educación concertada, con nuevas restricciones
La ‘Ley Celaá’ aumenta las restricciones hacia la educación concertada, ya que contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias.al no contemplar que estos centros soliciten el pago de cuotas a través de sus fundaciones.
Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar varias concentraciones de protesta frente al Congreso para mostrar su rechazo a la LOMLOE. La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos cercanos a la educación concertada, ha recogido más de 1.300.000 firmas de apoyo contra la tramitación de la Lomloe.
Además de la protesta ante el Parlamento, también se han convocado movilizaciones a las puertas de todos los colegios de las distintas comunidades.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), en declaraciones a ondacero.es, afirma que una de las cosas que más les preocupa es que la Ley Celaá quita a los padres la libertad a la hora de elegir la escuela para sus hijos y acaba con la pluralidad de modelos educativos en España: «Busca que la concertada deje de ser complementaria de la escuela pública para pasar a tener un papel secundario». Por este motivo, asegura que si esta ley llega hasta sus últimas consecuencias, puede derivar en la desaparición definitiva de la escuela concertada, «que se quede en algo completamente residual y subsidiario de la pública».
Segregación por sexos e igualdad de género
La norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.
Asimismo, las administraciones impulsarán el incremento de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina. Del mismo modo promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.
La ley Celaá y los colegios de educación especial
La LOMLOE se refiere a los centros de educación especial en la disposición adicional cuarta, que establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».
El texto precisa que ese objetivo se corresponde con «el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas» y cumple «el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».
También establece que «las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios«.
Pasar de curso con asignaturas suspensas
Otro de los puntos polémicos es el que afecta a la repetición de curso. Según el informe, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
La ministra defendió este punto relativo a conseguir la titulación sin límite de suspensos, pues «el objetivo no es otro que dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia. Afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso». Aseguró que se tratará de una decisión «global» y «no aislada» que se tomará de forma colegiada por los equipos docentes del centro.
El PSOE defendió a la ministra al asegurar que la norma tiene como objetivo «facilitar a más de 8,5 millones de alumnos que tengan una seguridad para finalizar el curso», así como otorgar «certidumbre» a los docentes que tengan que enfrentarse a los «problemas» que puedan generarse como consecuencia de la pandemia. Según la diputada Luz Martínez Seijo, «en ningún sitio» se recoge que los profesores tengan la obligación de hacer que un alumno pase al siguiente curso cuando han suspendido.
Eliminación del castellano como lengua vehicular
El pasado 5 de noviembre, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron en la Comisión de Educación que la nueva reforma educativa no incluyese el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
La enmienda -que salió adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención de PNV- generó mucha polémica entre los grupos de la oposición, que la consideraron anticonstitucional y una cesión al independentismo catalán, ya que elimina del proyecto la frase «castellano, lengua oficial del Estado» y la de «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares».
Asimismo, se fija que serán las comunidades quienes garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
En el área de Lengua Propia y Literatura, en aquellas comunidades que posean dicha lengua propia con carácter oficial podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados
de dicha área. Lengua propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades afectadas determinen, garantizando en todo caso el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales.
Fuente : https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/guia-resumen-ley-celaa-que-cambia-cuales-son-puntos-clave_202011195fb68d7e483f9e000125900a.html
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